Mientras la administración tropieza en la carrera por electrificar la movilidad, el tejido empresarial alternativo toma la iniciativa. El informe más reciente revela que sin el empuje privado, España se quedaría aún más rezagada.
Si hay un sector en España que progresa no gracias a las instituciones, sino a pesar de ellas, es el de la movilidad eléctrica. Así lo confirma el informe “Estado de la movilidad eléctrica en España 2025”, publicado en mayo por ECODES, Alinnea y Transport & Environment. El documento revela un dato que marca tendencia: más de dos tercios de los nuevos puntos de recarga instalados entre enero y mayo de 2025 fueron promovidos por empresas privadas sin participación institucional directa.
Este crecimiento se debe, en buena parte, al empuje de startups del sector energético y tecnológico que están llenando los huecos que la administración pública y las grandes compañías eléctricas han dejado sin cubrir. El informe señala que el 68% de las nuevas infraestructuras de recarga se han desplegado gracias a iniciativas privadas, muchas de ellas impulsadas por jóvenes compañías que combinan innovación digital, sostenibilidad y agilidad operativa.
Estamos viendo cómo pequeñas y medianas empresas están diseñando redes de recarga más eficientes, más rápidas de instalar y con modelos de negocio orientados al usuario final”, destaca el estudio.
Startups como motores de cambio
Entre los nombres mencionados destacan Wallbox, Zunder o Veltium Smart Chargers, compañías que han desarrollado soluciones de recarga inteligente, aplicaciones móviles para la gestión en tiempo real y sistemas modulares adaptables a zonas rurales o parkings urbanos. También se subraya el papel creciente de firmas energéticas emergentes como Holaluz o Lucera, que han integrado servicios de movilidad eléctrica dentro de sus paquetes para hogares y empresas.
Estas empresas han logrado superar barreras regulatorias e introducir modelos ágiles, incluso en territorios donde la cobertura eléctrica era limitada. Algunas han comenzado a cerrar acuerdos con redes de parkings, cadenas de alimentación o plataformas logísticas para ofrecer recarga rápida a demanda.
Inacción pública y lentitud administrativa
El contraste con el sector público es notorio. Aunque los planes estatales contemplaban alcanzar los 45.000 puntos de recarga para mediados de 2025, la realidad muestra que apenas se ha cumplido el 60% de esa meta. Muchos puntos operativos sufren problemas de disponibilidad, conexión o mantenimiento. El informe denuncia que los plazos medios para obtener licencias o permisos de conexión superan los 9 meses en buena parte del territorio.
Esta disonancia entre iniciativa privada y parálisis pública no solo ralentiza la adopción del vehículo eléctrico, sino que podría comprometer los objetivos climáticos y energéticos de España. Según las estimaciones del estudio, si no se produce una coordinación entre actores públicos y privados, el país no cumplirá con los hitos fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ni con la normativa europea de infraestructuras de combustibles alternativos (AFIR).
La oportunidad de convertir España en referente
Aun así, el informe también lanza un mensaje esperanzador: la capacidad de innovación del tejido empresarial está sentando las bases de un ecosistema que podría convertir a España en referente europeo, siempre y cuando las instituciones activen mecanismos de apoyo más efectivos. Se proponen cinco líneas de acción inmediata:
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Reducción drástica de trámites para instalaciones de recarga.
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Subvenciones dirigidas a pymes y microempresas del sector.
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Plan nacional de interoperabilidad tecnológica.
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Creación de una agencia estatal de movilidad eléctrica.
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Alianzas público-privadas para zonas rurales y polígonos industriales.
En un momento clave para el futuro energético del país, el informe concluye:
“Si el Estado no lidera, al menos que no frene. El sector privado está demostrando que el coche eléctrico sí es viable, si se le deja avanzar.”
