La Cátedra Fundación Repsol – Universidad Politécnica de Madrid sostiene que el despliegue de la movilidad autónoma exige una estrategia estatal clara, inversiones estructurales y coordinación institucional a largo plazo
La movilidad autónoma no se implantará con una ley, ni con un algoritmo. Sin un marco público de inversión sostenido en el tiempo, el despliegue comercial del vehículo autónomo no será viable en España. Esa es una de las conclusiones centrales del informe técnico Retos normativos y ayudas públicas para el despliegue del vehículo altamente automatizado, publicado por la Cátedra Fundación Repsol de Transición Energética: Movilidad Sostenible, una iniciativa conjunta entre Fundación Repsol y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
El documento, firmado por Nuria Herrero García y Felipe Jiménez, identifica una serie de condiciones de base que deben cumplirse para que la movilidad autónoma pueda desarrollarse fuera de entornos controlados o experimentales. Entre ellas, la inversión pública en infraestructura física y digital ocupa un lugar prioritario.
El informe deja claro que la infraestructura no es un factor de acompañamiento, sino un requisito estructural. Aunque la tecnología embarcada —sensores, cámaras, LIDAR, algoritmos de percepción y decisión— ha avanzado de forma significativa, la infraestructura viaria actual no está preparada para garantizar la circulación segura de vehículos de nivel 4, es decir, automatizados sin necesidad de supervisión humana constante.
Según el texto, un 53% de los profesionales consultados consideran que será necesario adaptar físicamente la infraestructura viaria, especialmente en:
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Señalización horizontal y vertical compatible con lectura automática
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Geometría homogénea en intersecciones, glorietas y tramos urbanos
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Espacios habilitados para paradas de emergencia o transferencias de control
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Integración de sensores, conectividad y plataformas de gestión del entorno
Estas modificaciones deben anticiparse. La planificación inversa —esperar a que el mercado madure para luego adaptar la vía— no es operativa para este tipo de tecnología, ya que el vehículo no puede desplegarse sin una mínima garantía externa.
Digitalización: el segundo pilar
La conducción autónoma no solo requiere soporte físico. También necesita datos estructurados, precisos y en tiempo real, que permitan al sistema anticipar comportamientos, detectar alteraciones y responder de forma segura. El informe subraya que este tipo de funcionalidad exige:
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Mapas digitales de alta definición (HD maps)
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Sistemas de posicionamiento diferencial
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Conectividad móvil de baja latencia y alta disponibilidad
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Canales de comunicación vehículo-infraestructura (V2X)
Estas capas digitales, subrayan los autores, no pueden quedar en manos de iniciativas fragmentadas. Deben formar parte de una política pública estructural, interoperable entre territorios, auditada y mantenida de forma continua.
Sin inversión pública no habrá confianza, ni despliegue
Más allá del plano técnico, el informe advierte de un vacío institucional de gobernanza. Las competencias sobre movilidad, transporte, innovación, seguridad vial o infraestructuras están distribuidas entre distintos niveles administrativos. Esta fragmentación —reconocida por todos los actores del ecosistema— impide que exista una visión de conjunto, una hoja de ruta o un plan de despliegue gradual coherente.
La Cátedra plantea la necesidad de que el Estado asuma un papel de coordinación nacional, ya sea mediante un plan específico de movilidad autónoma o a través de una autoridad técnica interministerial que sirva de interlocutor único con fabricantes, operadores, aseguradoras y administraciones locales.
Los autores del informe son explícitos: sin liderazgo público y sin inversión estructural, la movilidad autónoma quedará relegada a proyectos piloto, pruebas controladas o servicios marginales en entornos limitados. No habrá escala. No habrá mercado.
Y, sobre todo, no habrá confianza suficiente para permitir que vehículos sin conductor circulen por ciudades, autopistas o zonas logísticas con autonomía real.
