La maraña de exigencias regulatorias frena el crecimiento de un sector estratégico y exige una revisión urgente del marco legislativo para acompasar sostenibilidad e industria.
Pese al dinamismo que empieza a vislumbrarse en el mercado del vehículo industrial, el sector avanza con una carga cada vez más pesada: la normativa. Según el último informe de la Asociación Española de Posventa para el Vehículo Industrial (AERVI), presentado en abril de 2025, la proliferación de normativas ambientales, técnicas y fiscales se ha convertido en uno de los principales frenos a la consolidación del crecimiento. Y lo que debería ser una guía hacia un futuro más limpio y eficiente, se percibe en muchos casos como un campo minado de requisitos desconectados de la realidad empresarial.
El problema no radica en la finalidad —nadie cuestiona la necesidad de reducir emisiones o mejorar la trazabilidad técnica— sino en el modo en que estas normas se implementan. Fragmentadas, de difícil cumplimiento y escasamente armonizadas entre territorios, las nuevas obligaciones suponen una barrera especialmente ardua para los operadores pequeños y medianos, que conforman el grueso de la red de distribución y mantenimiento.
El informe señala que las cargas administrativas, lejos de disminuir, han crecido un 17% en los últimos dos años, sobre todo en lo que respecta a reportes digitales, inspecciones y cumplimiento de estándares de emisiones, a menudo cambiantes o poco claros. Las empresas deben destinar cada vez más recursos —tiempo, personal, inversión— a cumplir con estos requisitos, desplazando recursos que podrían orientarse a la innovación, la formación o la digitalización.
Este cuello de botella normativo, además, frena la renovación del parque móvil industrial, ya de por sí envejecido. Muchos compradores potenciales aplazan decisiones por la inseguridad jurídica ante posibles cambios en las normativas o nuevos impuestos que desincentiven la adquisición de modelos actuales. El resultado es paradójico: la rigidez de las normas en nombre de la sostenibilidad está prolongando la vida de los vehículos más contaminantes.
En este contexto, AERVI propone una acción coordinada entre administraciones y sector privado para rediseñar un marco normativo claro, estable y técnicamente viable. Esto incluye, por ejemplo, unificar criterios de inspección, establecer ventanas de transición razonables y acompañar cada medida con incentivos reales para su cumplimiento, especialmente para pymes.
El caso del vehículo industrial es paradigmático de un dilema más amplio: cómo acompasar ambición ecológica e impulso económico. El éxito no radicará en imponer por decreto un futuro limpio, sino en construirlo mano a mano con quienes lo hacen posible desde los talleres, los centros logísticos y los concesionarios de todo el país.
En tiempos donde cada tonelada de CO₂ cuenta, también lo hacen cada empresa que cierra, cada inversión que se retrasa, y cada oportunidad que se pierde por exceso de trabas. La movilidad industrial española no pide atajos, pide reglas claras, realistas y estables para avanzar con potencia hacia su nueva era.
