El despliegue de puntos de recarga en España se acelera con objetivos ambiciosos y nuevas oportunidades para el sector privado.
El Gobierno español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), ha iniciado la planificación del desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025-2030. Este plan incluye la expansión de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, con el objetivo de alcanzar los compromisos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé cinco millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030.
La infraestructura de recarga de acceso público en España ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando los 46.358 puntos en el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 20% respecto al trimestre anterior.
Además, España ha obtenido 72,7 millones de euros de fondos europeos para financiar el despliegue de infraestructura de suministro de combustibles alternativos, incluyendo la instalación de 589 puntos de recarga eléctricos con potencias entre 150 kW y 350 kW, y la construcción de 26 estaciones de carga de hidrógeno en las carreteras de la Red Transeuropea de Transporte. Así lo anunció recientemente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Para facilitar la expansión de la infraestructura de recarga, ANFAC ha propuesto la creación de un centro estatal para el desarrollo de infraestructura de recarga de acceso público (CEIRVEA), que se encargaría del seguimiento, monitorización e impulso del despliegue, garantizando la eficacia de las medidas y el cumplimiento de los objetivos vinculantes que tiene España.
Además, se han identificado 10 medidas clave para poner la infraestructura de recarga española a la altura de los países más avanzados de Europa, incluyendo la creación de órganos de gobernanza en entidades locales, la formación específica para el personal municipal, el desarrollo de un marco regulatorio claro, y la implementación de estaciones multienergía.
Para alcanzar los objetivos establecidos, se estima que España necesitaría 19.300 puntos de recarga más para que los vehículos eléctricos tengan un servicio equiparable al de las gasolineras.
En este contexto, los concesionarios y operadores privados tienen la oportunidad de participar activamente en el despliegue de infraestructuras de recarga, aprovechando las subvenciones disponibles y adaptando sus instalaciones para ofrecer servicios de recarga a los usuarios de vehículos eléctricos.
La colaboración público-privada será esencial para lograr una red de recarga eficiente y accesible, que permita a España avanzar hacia una movilidad más sostenible y cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos para 2030.