Competencia advierte de que el despliegue de puntos de recarga necesita un marco más simple, competitivo y homogéneo. El regulador reclama reducir trámites, mejorar la información al usuario y evitar que las ayudas o concesiones públicas distorsionen el mercado.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una batería de medidas para impulsar el desarrollo de la infraestructura de recarga pública de vehículos eléctricos en España. En su Estudio sobre la infraestructura de recarga de acceso público para vehículos eléctricos, el regulador analiza el funcionamiento del mercado desde la óptica de la competencia y la buena regulación, y advierte de que el despliegue de la red no depende solo de instalar más puntos, sino también de eliminar barreras administrativas, favorecer la entrada de operadores y ofrecer información clara al usuario.
La movilidad eléctrica es clave para la descarbonización de la economía, pero su desarrollo exige una red de recarga suficientemente extensa, accesible, fiable y competitiva. Para lograrlo, considera necesario actuar en una fase temprana del mercado, antes de que determinados problemas de concentración, fragmentación regulatoria o falta de transparencia se consoliden y resulten más difíciles de corregir.
El estudio señala que la infraestructura de recarga pública en España se encuentra todavía en una fase de desarrollo incipiente, aunque con entrada progresiva de nuevos operadores y estrategias de posicionamiento temprano. Sin embargo, también identifica niveles de concentración relativamente elevados en determinados segmentos y territorios, así como riesgos derivados del acceso a ubicaciones estratégicas, la integración vertical, los acuerdos privados, las plataformas de interoperabilidad y la complejidad del marco administrativo.
Menos trámites y más coordinación administrativa
Uno de los principales puntos del informe es la necesidad de reducir las cargas burocráticas asociadas a la instalación y puesta en funcionamiento de puntos de recarga. La CNMC advierte de que la fragmentación normativa y administrativa puede generar costes innecesarios, retrasar proyectos viables y dificultar la entrada o expansión de nuevos operadores.
Por ello, el regulador recomienda simplificar y consolidar el marco normativo, reforzar la coordinación entre administraciones y establecer estándares comunes de actuación. También propone avanzar hacia fórmulas de ventanilla única, aplicar el principio de “solo una vez” en la tramitación y agilizar las autorizaciones vinculadas a la infraestructura eléctrica.
El estudio incide especialmente en los retrasos asociados a permisos, licencias y procedimientos de acceso y conexión a las redes de electricidad. Según la CNMC, estos retrasos pueden explicar que existan puntos de recarga ya instalados que no están operativos por carecer de permisos o de conexión física a la red. Esta situación afecta directamente a la calidad percibida por el usuario y puede erosionar la confianza en el vehículo eléctrico.
La transparencia vuelve al centro del debate
La CNMC también sitúa la transparencia como una condición esencial para que el mercado funcione correctamente. El organismo considera que la información sobre precios, disponibilidad, condiciones de uso, medios de pago y características técnicas debe ser clara, comparable, actualizada y accesible para los consumidores.
Esta advertencia conecta directamente con una cuestión que Faconauto ya abordó recientemente en la noticia “La CNMC pide más transparencia en los precios de recarga”, en la que se recogía la preocupación del regulador por que la información disponible no siempre permitiera al usuario conocer el coste real de la recarga ni comparar con claridad entre distintos proveedores.
El nuevo estudio amplía ese diagnóstico. La CNMC señala que la existencia de múltiples fuentes de información, formatos heterogéneos, falta de actualización en tiempo real y ausencia de datos completos sobre todos los planes de precios u ofertas de cada proveedor puede dificultar que el usuario conozca de forma fiable el estado del punto de recarga o las condiciones aplicables.
Además, el regulador advierte de que la complejidad tarifaria puede elevar los costes de búsqueda para el consumidor y reducir la intensidad competitiva entre operadores. En la práctica, si el usuario no puede comparar precios y condiciones con facilidad, las empresas tienen menos incentivos para simplificar sus tarifas o competir de forma más directa en precio y calidad.
Competencia en concesiones, ubicaciones y ayudas públicas
El acceso a ubicaciones estratégicas es otro de los ejes del estudio. La CNMC subraya que los emplazamientos adecuados son un factor clave para la viabilidad de los proyectos de recarga y pueden convertirse en una barrera de entrada si su asignación no se realiza con criterios abiertos, transparentes y competitivos.
Este punto resulta especialmente relevante en carreteras, estaciones de servicio, aparcamientos, centros comerciales y otros espacios de alto valor para la recarga en trayecto o en destino. Competencia advierte de que las concesiones administrativas deben diseñarse de forma que minimicen barreras a la participación y fomenten la concurrencia de operadores.
El organismo también pide que las ayudas públicas y obligaciones de instalación se diseñen con criterios de neutralidad competitiva. El objetivo es evitar que determinados instrumentos de apoyo al despliegue beneficien de forma desproporcionada a ciertos operadores o refuercen posiciones de mercado ya consolidadas.
Interoperabilidad y medios de pago
El estudio también presta atención a la interoperabilidad, los estándares abiertos y los medios de pago. La CNMC considera que la interoperabilidad es clave para evitar la fragmentación del mercado y facilitar que el usuario pueda cargar en distintas redes sin depender de soluciones cerradas o de un único proveedor.
En este sentido, el regulador advierte de que la heterogeneidad de aplicaciones, tarjetas, suscripciones, monederos virtuales o sistemas de fidelización puede generar costes de cambio y efectos de cautividad. Aunque este tipo de ofertas puede aportar ventajas a determinados usuarios, también puede dificultar la entrada de nuevos competidores si consolida ecosistemas cerrados.
Por ello, la CNMC recomienda fomentar la interoperabilidad técnica, los estándares abiertos y una delimitación más precisa de las obligaciones de los distintos agentes que intervienen en el sector: operadores de puntos de recarga, proveedores de servicios de movilidad eléctrica, distribuidores eléctricos, administraciones públicas y plataformas de información.
Una cuestión clave para activar la demanda eléctrica
La disponibilidad, fiabilidad y claridad de la red de recarga pública sigue siendo uno de los factores que condicionan la decisión de compra de un vehículo eléctrico. El cliente no solo necesita saber cuántos puntos hay, sino si funcionan, si están disponibles, qué potencia ofrecen, cómo se paga y cuánto costará realmente la operación.
Para los concesionarios, esta cuestión es especialmente relevante. La red oficial actúa como canal de información y acompañamiento para el comprador, pero necesita un entorno de recarga comprensible para poder resolver dudas sobre el uso real del vehículo eléctrico. Cuanto más clara sea la información sobre precios, disponibilidad e interoperabilidad, más fácil será explicar al cliente el coste de uso y reducir la incertidumbre que todavía rodea a la movilidad eléctrica.
La CNMC no cuestiona el avance de la infraestructura, sino la necesidad de que ese despliegue se produzca con reglas más simples, más competencia y más transparencia. La recarga pública será una pieza esencial para la electrificación, pero su desarrollo debe evitar fricciones que terminen trasladándose al usuario y, por extensión, a la demanda de vehículos eléctricos.
Supervisión reforzada para un mercado en formación
El informe concluye con una llamada a mantener una supervisión reforzada del sector. La CNMC considera que el mercado puede cambiar de forma significativa en los próximos años y que las decisiones regulatorias adoptadas ahora pueden condicionar su estructura competitiva a largo plazo.
Por ello, propone hacer seguimiento de acuerdos, estrategias comerciales, plataformas de interoperabilidad, ayudas públicas, concesiones, integración vertical y desarrollos tecnológicos. Incluso plantea valorar nuevas herramientas de investigación de mercados para que la autoridad de competencia pueda actuar con mayor capacidad de análisis en sectores emergentes.
La recarga pública no debe desarrollarse solo rápido, sino también bien. Para que el vehículo eléctrico gane espacio en el mercado, España necesita más puntos operativos, menos trabas administrativas, precios comprensibles, información fiable y un entorno competitivo que incentive mejores servicios para los usuarios.
La transición eléctrica no depende únicamente de la oferta de vehículos. También depende de que cargar sea sencillo, transparente y previsible. Y ahí, según la CNMC, todavía hay margen de mejora.
