Competencia pide revisar las obligaciones de información de los puntos de recarga para que el conductor pueda comparar tarifas con claridad, conocer el precio final del servicio y disponer de mayores garantías sobre el origen de la energía.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto el foco en una de las barreras menos visibles, pero más relevantes, para la expansión del vehículo eléctrico: la falta de claridad en la información que recibe el usuario sobre el precio real de la recarga pública. En su informe sobre la “OM Modificación puntos de recarga”, el regulador pide revisar las obligaciones de información aplicables a los operadores para que los datos trasladados a la Administración y a los consumidores reflejen de forma más fiel el coste final del servicio.
La advertencia llega en plena consolidación del sistema de información pública de puntos de recarga, con el que el Gobierno busca ofrecer al ciudadano datos actualizados sobre localización, disponibilidad, características técnicas y precios. La CNMC considera, sin embargo, que el diseño actual puede no ser suficiente para que el usuario compare de forma sencilla las tarifas de distintos proveedores de servicio en un mismo cargador o conozca todos los costes asociados a la operación.
El precio, una barrera también informativa
El informe incide en que la información sobre precios no puede limitarse a un dato parcial si después el usuario se enfrenta a costes adicionales, condiciones particulares de acceso o diferencias entre proveedores de movilidad eléctrica. Según la información publicada sobre el documento, la CNMC alerta de que el sistema actual puede impedir comparar de forma efectiva las tarifas de distintos proveedores en un mismo punto de recarga, lo que dificulta una decisión transparente para el consumidor.
Esta cuestión es especialmente relevante porque la recarga pública no funciona siempre como un suministro simple y homogéneo. En un mismo punto pueden intervenir distintos actores: el operador del punto de recarga, la empresa proveedora del servicio de movilidad eléctrica, plataformas de pago, aplicaciones, acuerdos de interoperabilidad o tarifas vinculadas a clientes registrados. Si esa estructura no se comunica con claridad, el usuario puede conocer el precio de referencia, pero no necesariamente el coste real que acabará pagando.
La CNMC también reclama mayores garantías sobre la información medioambiental de la electricidad suministrada, y rechaza que el origen renovable de la energía pueda tratarse como un dato confidencial cuando afecta a la transparencia que debe recibir el usuario.
Un sistema público para saber dónde, cuándo y cuánto cuesta cargar
El debate parte de la Orden TED/445/2023, que regula la información que deben remitir los prestadores del servicio de recarga energética. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explica que esta obligación busca incrementar la transparencia de la infraestructura de recarga y mejorar la información al ciudadano sobre su situación, características y precios.
La información que deben comunicar los operadores incluye datos generales de las empresas, códigos identificativos de los proveedores de movilidad eléctrica, ubicación del punto, horario, métodos de identificación y pago, ventas anuales en unidades energéticas, accesibilidad, tipo de conector y potencia máxima, entre otros elementos.
Además, el sistema se ha reforzado con la información dinámica de los puntos de recarga de acceso público. La resolución publicada en el BOE establece que los operadores de puntos de recarga de potencia igual o superior a 43 kW deben remitir información dinámica, mientras que los de potencia inferior pueden hacerlo de forma voluntaria. Esta información podrá difundirse para consulta o reutilización por terceros e incluye datos sobre localización, características, disponibilidad y precios.
Red Eléctrica, pieza técnica del nuevo mapa de recarga
Red Eléctrica es la entidad encargada de recoger y tratar la información dinámica de los puntos de recarga pública. Según explica la compañía, estos datos incluyen el precio de venta al público de los servicios de recarga de energía eléctrica y la disponibilidad de la infraestructura existente, al menos para los puntos de recarga pública de potencia igual o superior a 43 kW.
El sistema se articula a través del Sistema de Gestión y Visualización, que debe permitir centralizar esta información y hacerla accesible. En la práctica, su desarrollo es clave para que el usuario pueda planificar una ruta, saber si un cargador está disponible, conocer su potencia y anticipar cuánto le costará la operación antes de llegar al punto de recarga.
La propia normativa reconoce que la falta de información sobre localización y disponibilidad de la infraestructura es una barrera para el desarrollo del vehículo eléctrico. El MITECO ya señaló al aprobar la orden que el objetivo era publicar estos datos en un mapa web interactivo, similar al Geoportal de Gasolineras, para facilitar la adopción del vehículo eléctrico y la evaluación de las políticas de electrificación.
Más puntos de recarga, pero todavía con fricciones para el usuario
La llamada de atención de la CNMC llega en un momento en el que la red española de recarga sigue creciendo. Según el último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, España alcanzó en el primer trimestre de 2026 los 55.077 puntos de recarga de acceso público, tras sumar 2.005 nuevos puntos en ese periodo. La patronal también señala que el crecimiento fue del 3,8% trimestral y que la red de muy alta potencia, a partir de 250 kW, avanzó con fuerza.
Sin embargo, el despliegue físico de cargadores no resuelve por sí solo la confianza del usuario. ANFAC advierte de que podrían incorporarse más puntos si se pusieran en funcionamiento los 17.073 puntos instalados que no estaban operativos por distintos motivos.
Por su parte, AEDIVE estima que la inversión acumulada en infraestructura de recarga pública en España alcanza los 1.290 millones de euros hasta octubre de 2025, lo que refleja el esfuerzo inversor realizado por el sector privado para ampliar la red.
Una cuestión clave para activar la demanda eléctrica
La transparencia en los precios de recarga tiene una lectura directa para el mercado de automoción. El comprador de un vehículo eléctrico no solo valora la autonomía, el precio de adquisición o las ayudas públicas; también necesita entender cuánto le costará usar el coche en condiciones reales. Si la información de recarga es confusa, dispersa o incompleta, la incertidumbre se traslada a la decisión de compra.
Para los concesionarios, este punto es especialmente sensible. La red oficial actúa como canal de información y acompañamiento para el cliente, pero necesita un entorno claro para explicar con seguridad los costes de uso del vehículo eléctrico. Cuanto más transparente sea la información sobre precios, disponibilidad y potencia de recarga, más fácil será resolver dudas en el proceso comercial y reducir una de las barreras prácticas que todavía condicionan la demanda.
La advertencia de la CNMC no cuestiona el avance de la infraestructura, sino la calidad de la información que acompaña a esa infraestructura. En una fase en la que España ya supera los 55.000 puntos de recarga públicos, el siguiente salto no pasa solo por instalar más cargadores, sino por hacer que el usuario pueda utilizarlos con confianza, comparar precios sin fricciones y conocer de antemano el coste real de cargar su vehículo.
