El V Informe OBS de Movilidad Eléctrica 2025 denuncia que un 20% de los puntos de recarga instalados no están operativos por demoras administrativas y falta de coordinación entre administraciones y distribuidoras.
La transición hacia la movilidad eléctrica avanza en España, pero el progreso se atasca justo donde debería acelerarse: en el enchufe. El V Informe OBS de Movilidad Eléctrica 2025 pone cifras a un problema que muchos intuían y pocos habían cuantificado: uno de cada cinco puntos de recarga instalados no funciona, una parálisis que ha dejado 114 millones de euros en inversión bloqueada.
España presume de un crecimiento récord en infraestructura, con 47.519 puntos de carga pública instalados, un 52 % más que el año anterior. Pero el informe advierte de que este impulso se ha topado con una maraña burocrática que convierte el progreso en promesa incumplida.
Los autores del estudio, elaborado por la OBS Business School, no se andan con rodeos: España lidera el crecimiento en Europa en puntos instalados, pero sufre “una de las mayores tasas de inoperatividad de la red”. Las causas son conocidas, aunque rara vez asumidas: permisos duplicados, falta de coordinación entre administraciones y demoras de hasta 18 meses en la conexión eléctrica.
Ese retraso tiene efectos visibles. No se trata solo de cables y transformadores sin corriente, sino de conductores frustrados que llegan a un punto de carga y lo encuentran apagado, en pruebas o pendiente de inspección. Cada instalación cerrada resta confianza al usuario y erosiona el mensaje de una transición “en marcha”.
España cumple 2025, pero se complica 2030
El informe reconoce también los avances. El país ha cumplido los objetivos intermedios del PNIEC para 2025, tanto en matriculaciones como en infraestructura teórica. Pero lanza una advertencia: sin resolver los cuellos de botella, será imposible alcanzar los compromisos de 2030.
La paradoja es evidente. España dispone de una de las mejores ratios europeas de potencia instalada por vehículo eléctrico —5,7 kW por unidad—, pero esa capacidad no se traduce en disponibilidad real. Hay energía suficiente, pero no fluye.
El documento alerta de que los problemas de gestión pública están erosionando el esfuerzo industrial y el apetito inversor del sector privado, que necesita certidumbre para seguir desplegando infraestructura.
Los investigadores del OBS plantean un cambio de paradigma: pasar del volumen de puntos instalados a la efectividad real de la red. Proponen medidas tan básicas como urgentes: una ventanilla única para tramitar permisos, plazos máximos para la conexión eléctrica y transparencia pública sobre el estado operativo de cada punto.
“Antes de inaugurar nuevos cargadores, hay que hacer funcionar los que ya están instalados”, subrayan. Es decir, menos cintas de inauguración y más gestión.
Una revolución que se atasca en los despachos
La burocracia no solo encarece los proyectos, también desincentiva a los consumidores. Los usuarios que no pueden confiar en encontrar un cargador operativo tienden a retrasar la compra de un vehículo eléctrico, temerosos de quedarse “sin enchufe”.
Esa brecha entre lo prometido y lo real se convierte en el talón de Aquiles de la electrificación española: un país que instala rápido, pero conecta lento; que invierte mucho, pero tarda en usarlo.
Los expertos de OBS lo resumen así:
“Una inversión de 114 millones de euros permanece bloqueada por la burocracia regulatoria y los cuellos de botella en los procesos de conexión”, recoge el informe.
El informe propone un calendario claro: priorizar la activación inmediata del 20 % de puntos inactivos antes de iniciar nuevas convocatorias o planes de expansión. Solo con esa medida, España podría convertir 114 millones de euros de gasto improductivo en infraestructura útil.
En un contexto de creciente presión europea para cumplir objetivos climáticos, la cuestión no es si el país está comprometido con la movilidad eléctrica, sino si su administración está preparada para gestionarla.
La revolución eléctrica no se ganará solo con gigafactorías o coches nuevos, sino con algo más sencillo y más difícil a la vez: eficiencia en los trámites y coordinación entre instituciones.
Mientras tanto, los cargadores seguirán esperando. Y con ellos, la paciencia de quienes creen que la transición ecológica empieza —literalmente— por estar enchufada.
