La renta, el territorio y el acceso real al coche condicionan el avance hacia nuevas tecnologías
La transformación de la movilidad en Europa no avanza en un terreno homogéneo. Más allá de la tecnología o la regulación, los resultados de la encuesta presentada durante el European Pulse Forum (abril de 2026) identifican un elemento estructural que condiciona el proceso: la desigualdad en el acceso a la movilidad.
El estudio, realizado a más de 7.000 personas de seis países que representan dos tercios de la población europea, entre ellos España, subraya que, para una parte significativa de la población, el coche no es una opción, sino una necesidad vinculada al empleo y a la vida cotidiana, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos. Este factor explica, en gran medida, las diferencias en la percepción de las políticas de transición energética.
No es casualidad que el sondeo detecte una clara división social en torno a medidas como la prohibición del coche de combustión. Mientras determinados segmentos urbanos y con mayor nivel educativo muestran más apoyo, otros grupos —especialmente en zonas rurales o con menor renta— expresan un rechazo mucho más elevado.
La transición pierde apoyo cuando no se adapta a la realidad del ciudadano
El estudio apunta a una conclusión clave: los ciudadanos no rechazan los objetivos climáticos, pero sí las herramientas cuando estas no tienen en cuenta su contexto económico y de movilidad.
Esta desconexión se refleja en datos como que el 58% de los europeos se opone a la prohibición de los vehículos de combustión en 2035, a pesar de que una mayoría apoya medidas de inversión en transporte público.
El problema, por tanto, no es el destino —la descarbonización—, sino el camino elegido para alcanzarlo.
En este contexto, la neutralidad tecnológica encaja como una vía más coherente con el diagnóstico que plantea el informe. Si la movilidad está condicionada por factores económicos y territoriales, una estrategia basada en una única tecnología puede generar tensiones y ralentizar la transición.
Permitir la convivencia de distintas soluciones —desde la electrificación hasta tecnologías de combustión más eficientes— facilita una adaptación progresiva del parque y reduce el riesgo de exclusión de determinados segmentos de población.
El propio análisis presentado durante el European Pulse Forum sugiere implícitamente esta necesidad al evidenciar que la aceptación de las políticas depende directamente de su impacto en la vida real de los ciudadanos.
La brecha identificada en el informe apunta a un elemento central: el ritmo de renovación del parque. Para muchos hogares, el acceso a tecnologías más avanzadas está limitado por su capacidad económica, lo que condiciona la velocidad de adopción.
En este escenario, acelerar la sustitución de vehículos más antiguos por modelos más eficientes —aunque no sean 100% eléctricos— puede tener un impacto inmediato en la reducción de emisiones, al tiempo que mantiene el acceso a la movilidad.
Este enfoque permite avanzar hacia los objetivos climáticos sin generar una fractura entre quienes pueden asumir el coste de la transición y quienes no.
Un equilibrio necesario entre ambición y viabilidad
El informe deja una idea de fondo que atraviesa todo el debate: la transición de la movilidad no puede plantearse únicamente desde la tecnología o la regulación, sino desde la realidad social de los ciudadanos.
Integrar esa variable en el diseño de políticas —a través de enfoques como la neutralidad tecnológica o la renovación progresiva del parque— puede ser clave para acelerar la descarbonización sin comprometer el acceso a la movilidad.
Porque, como evidencia el propio estudio, la aceptación social será uno de los factores determinantes para el éxito de cualquier estrategia de transformación del sector.
