Italia aprueba un marco jurídico para la distribución de automóviles

España, único país europeo donde todavía no existe una seguridad jurídica

El pasado mes de agosto Italia aprobó, dentro de un Decreto-Ley que regula aspectos sobre el desarrollo de la movilidad sostenible en el país, un marco sobre la distribución de vehículos a motor que equilibra las relaciones existentes en el país entre los concesionarios y la marcas. De esta manera, España es el único mercado europeo de referencia donde todavía no ha salido adelante un texto que proporcione una seguridad jurídica a los distribuidores.

Entre los aspectos más destacados del nuevo marco italiano está el hecho de que los acuerdos entre el fabricante y el concesionario tendrán una duración mínima de cinco años. Estos acuerdos, según apunta el texto legal aprobado, regularán las condiciones de venta, los límites del mandato o las responsabilidades que se asumen. De igual modo, el texto obliga a que la partes notifiquen con seis meses de antelación su intención de no renovar el acuerdo.

La norma establece más obligaciones para el fabricante. Así, estipula que tendrán que facilitar a los concesionarios “toda la información que posea y que sea necesaria para evaluar con conocimiento de causa el alcance de los compromisos que se contraigan y el mantenimiento de estos en términos económicos, financieros y patrimoniales, incluida una estimación de los ingresos marginales previstos por la comercialización de los vehículos”.

Compensación justa

Finalmente, el nuevo marco obliga, cuando el fabricante resuelve el contrato antes de plazo, a “una compensación justa” de las inversiones no amortizadas y al fondo de comercio por las actividades realizadas en la ejecución de los acuerdos, en “proporción al volumen de negocios del distribuidor autorizado durante los últimos cinco años de la vigencia del acuerdo”.

El pasado mes de marzo Faconauto consiguió que el Congreso de los Diputados tramitará una enmienda para fijar una indemnización por el cierre unilateral de concesionarios de un mínimo del 5% de su facturación en los 12 meses anteriores, además de penalizaciones por incumplimientos, inversiones no amortizadas y las indemnizaciones del personal despedido por el cierre.

La enmienda, registrada por el PDeCAT, fue finalmente retirada después de que el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, hablara con Anfac y Faconauto para que iniciaran un proceso de diálogo para “afrontar los retos conjuntos de futuro”.

 

 

 

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