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España necesita triplicar su red de carga para alcanzar el objetivo de 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030

El país cuenta con 39.000 puntos de recarga, pero solo cubren el 39% del objetivo del Plan de Recuperación

España avanza en movilidad eléctrica, pero la infraestructura de recarga sigue siendo insuficiente y desigual. Según el informe Impulso a la movilidad verde: Presente y futuro de la infraestructura de recarga de VE en España, elaborado por el Payment Innovation Hub y Afi, Analistas Financieros Internacionales, en colaboración con CaixaBank, Visa y Arval, el país cuenta con casi 39.000 puntos de recarga públicos, un 22,4% más que en 2023, pero aún muy lejos de los 120.000 necesarios para 2030.

El informe destaca que, a pesar de que el parque de vehículos eléctricos ha crecido en los últimos años, con 441.000 unidades a cierre del tercer trimestre de 2024, aún estamos lejos del objetivo de 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Además, España sigue en la cola de Europa en penetración del vehículo eléctrico, con solo un 1,2% de la flota total electrificada, frente al 3% de media en la UE.

Infraestructura de recarga: concentración en cuatro regiones y grandes desigualdades territoriales

El despliegue de la red de carga es irregular: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran el 58% de los puntos de recarga, mientras que otras regiones, especialmente en el interior peninsular, tienen una cobertura escasa.

En términos de densidad, España cuenta con 0,8 puntos de recarga por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio europeo de 1,83. Además, Madrid y Barcelona, a pesar de tener una gran cantidad de cargadores, presentan un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda, ya que acumulan el 57% de los vehículos eléctricos, pero solo el 25% de los puntos de recarga.

La falta de infraestructuras en algunas zonas impide la expansión del vehículo eléctrico en el territorio. Mientras que Zamora lidera el ranking con dos cargadores por cada tres vehículos eléctricos, en Madrid la proporción es de un cargador por cada 33 vehículos eléctricos, lo que genera una importante brecha en el acceso a la recarga.

 

El reto de la interoperabilidad y el pago en los puntos de recarga

El informe también señala que el 90% de los puntos de recarga en España requieren una aplicación específica y un registro previo para su uso, lo que dificulta la interoperabilidad. Esta falta de estandarización contrasta con otros países europeos, donde es común el pago sin contacto con tarjeta.

El nuevo Reglamento AFIR de la UE busca corregir esta situación. A partir de 2027, todos los puntos de recarga de más de 50 kW deberán contar con lector de tarjetas de pago físico. Sin embargo, hoy solo el 9% de los cargadores en España cumplen con este requisito, lo que supone un obstáculo para el crecimiento del sector.

 

España necesita 19.300 nuevos puntos de carga hasta 2030 para garantizar una experiencia de usuario óptima

El informe concluye que España debe acelerar la instalación de puntos de recarga si quiere cumplir con los objetivos de movilidad sostenible. Aunque la normativa europea exige 200 nuevos puntos en la Red Transeuropea de Transporte (Ten-T) para 2030, esta cifra es insuficiente para cubrir la demanda.

Para replicar la densidad actual de gasolineras y garantizar una red eficiente, España necesitaría al menos 19.300 nuevos cargadores entre 2025 y 2030. Además, es crucial que estos sean puntos de recarga ultrarrápida, capaces de reducir los tiempos de espera de los conductores.

El informe sugiere que se agilicen los trámites administrativos para la instalación de cargadores y se fomente la colaboración público-privada. Países como Portugal han logrado crear una red de carga más eficiente gracias a una regulación clara y homogénea, lo que puede servir como modelo para España.

Con un parque de vehículos eléctricos en crecimiento y una demanda cada vez mayor, el país se enfrenta al desafío de triplicar su infraestructura de recarga en los próximos cinco años si quiere consolidar la transición hacia la movilidad eléctrica.

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