El informe de ECODES, Alinnea y Transport & Environment revela el estado real de la electromovilidad en España y apunta a las medidas clave que necesita el país para cumplir sus compromisos climáticos.
La transición hacia una movilidad más sostenible en España ha entrado en una fase crítica en 2025. Así lo señala el informe “Estado de la movilidad eléctrica en España 2025”, publicado en mayo por ECODES, Alinnea y Transport & Environment. El documento, que no ha sido recogido aún por medios de comunicación generalistas, ofrece una radiografía detallada del progreso (y los estancamientos) que vive el país en materia de electrificación del transporte.
El diagnóstico es claro: España avanza, pero lentamente. Aunque la cuota de mercado de vehículos eléctricos ha superado por primera vez el 12% en el canal de particulares, sigue por debajo de la media europea. En palabras de los autores, “las señales del mercado muestran interés creciente, pero la estructura sigue sin acompañar”.
Uno de los principales cuellos de botella sigue siendo la infraestructura de recarga pública. A fecha del estudio, España contaba con alrededor de 30.000 puntos de recarga, una cifra alejada del objetivo gubernamental de 100.000 para 2030. Además, solo una fracción de ellos está operativa de forma fiable. El informe denuncia que falta una estrategia coordinada entre administraciones y operadores para agilizar la tramitación, conexión y mantenimiento de estas estaciones.
En paralelo, la oferta de vehículos eléctricos —especialmente en los segmentos más asequibles— sigue siendo escasa. Los modelos más vendidos superan en muchos casos los 35.000 €, lo que limita su adopción masiva. La demanda existe, especialmente en ámbitos urbanos y de flotas corporativas, pero el precio y la incertidumbre regulatoria siguen pesando.
La buena noticia es que España aún está a tiempo. El informe subraya que la llegada de nuevos fondos europeos, como el RepowerEU, y la entrada en vigor del Reglamento europeo de infraestructuras de combustibles alternativos (AFIR), pueden suponer un punto de inflexión si se implementan correctamente. También destaca el papel clave de los gobiernos autonómicos, muchos de los cuales están lanzando incentivos específicos para flotas profesionales, como taxis y VTC.
Además, el ecosistema empresarial español en torno a la movilidad eléctrica comienza a mostrar signos de madurez. Desde operadores de recarga hasta startups de software y eficiencia energética, están apareciendo nichos de actividad que generan empleo y competitividad tecnológica.
Para cumplir los objetivos del PNIEC y los compromisos del paquete europeo Fit for 55, el documento establece cinco recomendaciones urgentes:
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Reforma exprés de la normativa de puntos de recarga, para eliminar trabas burocráticas.
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Nuevo esquema de incentivos directos y fiscales, mejor coordinado y más accesible.
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Campañas de concienciación ciudadana con enfoque pedagógico.
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Estrategia nacional de electrificación de flotas profesionales.
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Marco común entre Comunidades Autónomas y municipios para facilitar una red interoperable.
“España necesita pasar del piloto al despliegue masivo. La ventana de oportunidad está abierta, pero no lo estará siempre”, concluye el informe.
Este documento se consolida así como una referencia clave para el debate político y empresarial de los próximos meses. En un contexto donde la movilidad eléctrica ya no es una tendencia sino una necesidad, España debe acelerar para no quedarse rezagada.
