Según se ha anunciado, en los “próximos meses” se publicará un mapa oficial de puntos de recarga.
La electrificación sigue dando pasos importantes para lograr su expansión en las carreteras. Un ejemplo más es que el Gobierno ha aprobado un real decreto para regular los servicios de recarga de los coches eléctricos. De esta forma, se establecen obligaciones y derechos de los agentes que participan de la actividad.
La nueva legislación nace con el objetivo de completar el marco normativo de aplicación para la actividad de recarga de vehículos eléctricos. Así, se logrará dinamizar la movilidad sostenible y alcanzar el objetivo de 100.000 puntos de recarga públicos en 2023. El Gobierno también ha señalado que el real decreto aprobado pretende “consolidar la fiabilidad de las infraestructuras de recarga”.
En ese sentido, se ha subrayado que se regularán “las obligaciones a las que quedan sometidos aquellos que instalan en un espacio público un punto de recarga, incluidas las de información importante para mapear y conocer la disponibilidad de cada punto de recarga; o el precio de la recarga en cada una de las instalaciones en vía pública”.
Esta norma establece dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recarga de los vehículos eléctricos. La primera es el operador del punto de recarga, que es el titular de los derechos de explotación de las estaciones y responsable de su operativa física. La segunda figura es la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica, que ejerce como intermediario entre los operadores y usuarios los coches eléctricos
Cabe señalar que esta normativa sólo afecta a los puntos de recarga de acceso público.
Mapa oficial de puntos de recarga
Además, el documento contempla que los operadores y proveedores deberán remitir al Ministerio y a las comunidades autónomas, la información necesaria para publicar un mapa oficial de puntos de recarga en el que se indique la localización, características y precio de la recarga, entre otros datos.
El Gobierno regulará, a través de una orden ministerial en tramitación actualmente, la información a remitir por estas partes.
