El Gobierno está obligado a poner en marcha un plan nacional de renovación del parque automovilístico antes de febrero, según la nueva Ley de Movilidad Sostenible
El Congreso de los Diputados dio ayer un paso adelante —aunque parcial— en el impulso de la movilidad eléctrica. La Comisión de Industria aprobó, con el apoyo del PNV y la abstención de Vox, Sumar, ERC, Bildu y BNG, una proposición no de ley presentada por el Partido Popular que insta al Gobierno a evaluar ayudas fiscales para afrontar el coste del suministro eléctrico en puntos de carga rápida y ultrarrápida. Estas ayudas estarían dirigidas especialmente a usuarios intensivos como pymes, autónomos y profesionales del transporte.
El punto fue aprobado pese al voto en contra del PSOE, que rechazó también el resto del paquete propuesto por los populares, en el que se incluía un ambicioso Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico con ayudas directas a la compra aplicadas en factura, así como deducciones fiscales por la adquisición de vehículos electrificados. Ninguno de estos otros puntos logró mayoría suficiente para salir adelante.
La iniciativa del PP partía de una crítica al vigente Plan MOVES III, al que acusan de haber fallado por su “complejidad administrativa y lentitud en el pago de las ayudas”, lo que genera barreras financieras para las rentas medias. Según denunció el grupo proponente, el actual modelo exige al consumidor adelantar el importe total del vehículo y esperar meses o incluso años para recibir la subvención.
Faconauto insiste en la obligatoriedad del plan
La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha señalado que la aprobación de la Ley es importante “pero ahora toca que el plan de renovación sea realmente operativo para el ciudadano. Los concesionarios ya hemos demostrado que, cuando el sistema funciona de manera ágil y con garantías, como con el Plan Reinicia Auto+, el cliente puede acceder a la ayuda en el momento y el concesionario puede gestionarla sin tensionar su actividad. Ese es el camino: un plan sencillo, fiable, con el que todos ganemos y que responda de verdad a lo que necesita la gente para cambiar de coche”. Blázquez ha insistido en que la modernización del parque está plenamente alineada con el enfoque que Europa empieza a plantear, orientado a acelerar la descarbonización apoyando al ciudadano.
La patronal ha recordado que, en los últimos meses, diversas comunidades autónomas han activado programas similares con buenos resultados, y que en todos ellos los concesionarios han desempeñado un papel determinante. Su capilaridad, su cercanía al ciudadano y su experiencia operativa han permitido que las ayudas se gestionen de manera ágil y transparente. “Los concesionarios hemos demostrado ser un aliado esencial para que estos planes funcionen. Estamos preparados para contribuir al éxito de un programa nacional con el mismo rigor y eficacia”, ha afirmado Blázquez.
Faconauto insiste además en que la renovación del parque no compite con la electrificación, sino que la impulsa, como se ha visto en los planes de renovación puestos en marcha recientemente por diversas comunidades autónomas. Retirar de la circulación los vehículos más viejos permite que muchos conductores den un primer paso hacia tecnologías más limpias, incluidos los modelos electrificados, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas. La Federación defiende que combinar ambas estrategias es la vía más realista para avanzar hacia los objetivos de descarbonización.
Una obligación legal: el Plan Nacional sí va
Pese al rechazo parlamentario a la PNL popular, el Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico no depende ya del respaldo de una mayoría coyuntural. Su desarrollo es de obligado cumplimiento para el Gobierno, ya que así lo establece la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada por el Congreso el pasado octubre y actualmente en tramitación en el Senado.
Según el texto legislativo, el Ejecutivo debe presentar antes de tres meses desde la entrada en vigor de la ley un plan que contemple incentivos para la retirada voluntaria de vehículos contaminantes y su sustitución por modelos de cero o bajas emisiones. El objetivo es doble: reducir las emisiones del transporte y mejorar la seguridad vial con un parque más moderno y eficiente.
En paralelo, la ley exige que se elabore una estrategia de infraestructuras de recarga en coordinación con las comunidades autónomas, en línea con las directivas europeas de descarbonización y el reglamento AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation).
Así, mientras el Congreso sigue dividido sobre el diseño de los incentivos, el calendario legislativo marca su propia cuenta atrás. Y aunque el rechazo político al modelo propuesto por el PP deja al Gobierno más margen para decidir el formato final del plan, lo que ya no puede eludir es su puesta en marcha.
