Mientras que China avanza rápidamente con políticas de incentivo que promueven la electrificación a gran escala, los países de Occidente deben considerar enfoques más integrales.
Desde la década de 1990, los programas de incentivos para el desguace de vehículos han evolucionado significativamente, convirtiéndose en herramientas clave en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos programas, que se iniciaron en varios países europeos, tenían como objetivos reducir la contaminación, mejorar la seguridad vial y revitalizar la economía automotriz. Hoy en día, las variantes modernas de estos programas se orientan a una meta más ambiciosa: reemplazar los vehículos de combustión interna (VCI) por vehículos eléctricos (VE), una medida crucial para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones a nivel global.
En los años 90, países como Grecia, Hungría, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Noruega e Italia implementaron los primeros programas de desguace de vehículos, incentivando a los ciudadanos a deshacerse de sus vehículos más antiguos a cambio de beneficios para la compra de autos nuevos y más eficientes. Estos programas, además de estimular la economía y la industria automotriz, apuntaban a modernizar la flota vehicular y reducir la contaminación urbana.
CHINA, IMPULSORA DE LA ELECTROMOVILIDAD
Recientemente, China ha lanzado un ambicioso programa de incentivos para impulsar la transición hacia los VE, ofreciendo hasta 20,000 yuanes (alrededor de 2.500 euros) a los propietarios de vehículos antiguos que decidan cambiarlos por un VE. Esta medida es parte de una estrategia más amplia para reducir las emisiones y estimular la industria automotriz, aprovechando el poder adquisitivo de los consumidores y enfrentando una desaceleración en la construcción de infraestructuras. A pesar de que estos incentivos pueden parecer modestos desde una perspectiva occidental, en China representan aproximadamente el 12% del precio de un sedán eléctrico de tamaño medio.
Además, los compradores de VE en China disfrutan de exenciones de impuestos de hasta el 10%, así como de subsidios adicionales en ciudades grandes, como Shanghái. Estos beneficios, combinados con la diversidad de opciones de VE accesibles y de alta tecnología, han impulsado significativamente la adopción de estos vehículos en el mercado chino.
Sin embargo, uno de los aspectos críticos de estos programas de desguace es la necesidad de garantizar el desmantelamiento de los VCI en lugar de su exportación a países en vías de desarrollo. Sin una regulación estricta que obligue al desguace de los autos antiguos, muchos de estos vehículos terminan siendo exportados a países de menores ingresos en África, América Latina y el sudeste asiático. Estos vehículos, que a menudo tienen motores deteriorados y carecen de tecnologías modernas de control de emisiones, pueden seguir circulando durante décadas en sus nuevos destinos, donde los sistemas de regulación de emisiones suelen ser menos estrictos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que millones de estos vehículos usados se trasladan anualmente de los países más ricos a los países en desarrollo, lo que agrava la contaminación y crea un reto ambiental significativo. Algunos países, como Kenia, han implementado restricciones para limitar la importación de estos vehículos, fijando un límite de ocho años de antigüedad para los autos usados. No obstante, la demanda de transporte asequible persiste, generando tensiones entre la accesibilidad económica y la sostenibilidad ambiental.
En Europa, algunos países han adoptado programas de incentivos que promueven el reemplazo de VCI por VE. Francia, por ejemplo, ofrece un “bono de conversión” que otorga hasta 5.000 euros a quienes desguacen sus coches antiguos y compren un VE, priorizando a las familias de ingresos bajos. Alemania tiene un “bono ambiental” que puede llegar hasta 9.000 euros y está diseñado para facilitar la transición a la movilidad eléctrica. Italia también ofrece hasta 6.000 euros para quienes cambien autos de más de diez años de antigüedad por un VE.
En Norteamérica, algunos estados y provincias han lanzado incentivos locales para fomentar esta transición. Colorado, en Estados Unidos, ofrece hasta 6,000 dólares para quienes cambien un VCI por un VE, mientras que, en Canadá, la provincia de Columbia Británica había lanzado un programa similar que posteriormente fue cancelado. Aunque estos programas son positivos, su alcance es limitado en comparación con el de países como China, que cubre una mayor proporción de la población.
Uno de los puntos más importantes para la eficacia de estos programas es que incluyan el desguace obligatorio de los vehículos retirados. En muchos casos, los incentivos no han contemplado el impacto de exportar los autos antiguos a países con menores regulaciones ambientales, perpetuando las emisiones de estos vehículos en otros territorios. Los modelos de transición deben ser globalmente sostenibles, abordando la necesidad de reciclaje de baterías de VE y priorizando el desmantelamiento de los autos contaminantes para evitar que estos terminen en países menos desarrollados.
La transición hacia los VE requiere de una política que sea escalable según el nivel de emisiones del vehículo y que permita reemplazar incluso vehículos relativamente nuevos si son altamente contaminantes. Esto implica, además, que los fabricantes de automóviles y los responsables de políticas enfrenten una fuerte presión por parte de la industria de combustibles fósiles y el lobby automotriz tradicional, que aún resisten el cambio en muchas regiones de Occidente.
Así, mientras que China avanza rápidamente con políticas de incentivo que promueven la electrificación a gran escala, los países de Occidente deben considerar enfoques más integrales que no solo fomenten la adopción de VE, sino que también regulen el destino de los vehículos desechados. La transformación hacia una movilidad limpia depende de una coordinación global que considere tanto el impacto local como el internacional de estas políticas.
