El último informe de ACEA sobre incentivos al vehículo comercial de cero emisiones en 2026 sitúa a España en una posición intermedia dentro de Europa, todavía por detrás de mercados como Francia, Alemania, Países Bajos o Polonia, que combinan ventajas fiscales más intensas, ayudas directas más elevadas y mayores programas de apoyo a la recarga.
La transición hacia el vehículo comercial de cero emisiones gana velocidad en Europa, pero lo hace a ritmos muy distintos según el país. El mapa que traza ACEA para 2026 confirma que España ha reforzado su marco de apoyo, aunque todavía mantiene un esquema más limitado que el de los países más avanzados, especialmente en el caso de las ayudas a la compra y de los incentivos fiscales.
El informe analiza los 27 Estados miembros de la Unión Europea a partir de cuatro grandes variables: beneficios fiscales a la adquisición, ventajas en la propiedad o circulación, incentivos directos a la compra e incentivos para la infraestructura. Y en esa comparación, España aparece con medidas activas, pero con una intensidad menor que la de varios de sus principales socios europeos.
España mejora su marco de apoyo, pero con menor intensidad
En el caso español, ACEA recoge como principales medidas la exención del impuesto especial para vehículos que emiten hasta 120 gramos de CO2 por kilómetro, así como una reducción del 75% en el impuesto de circulación para los vehículos eléctricos de batería en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. A ello se suma el Programa Auto+, aplicable a compras realizadas desde el 1 de enero de 2026, con ayudas que pueden alcanzar los 5.000 euros para un vehículo N1, en función de la tecnología y del origen europeo del vehículo.
En materia de infraestructura, el informe incorpora también el programa MOVES Corredores, orientado a la instalación de recarga pública para vehículos eléctricos ligeros en la red transeuropea de transporte. Este programa cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros, contempla ayudas de hasta el 70% del coste elegible y fija un máximo de 15 millones de euros por beneficiario y proyecto.
El resultado es que España ya forma parte del grupo de países que han activado instrumentos de apoyo al vehículo comercial eléctrico, pero sigue sin alcanzar la profundidad de los mercados que están utilizando la fiscalidad, la ayuda directa y la infraestructura como una palanca mucho más potente de transformación.
Francia, Alemania, Países Bajos y Polonia marcan la referencia europea
Entre los países más avanzados destaca Francia, que permite a las empresas deducir fiscalmente el sobrecoste de adquisición de vehículos eléctricos e incluso de hidrógeno frente a los convencionales. Esa sobreamortización alcanza el 40% para vehículos de entre 2,6 y 3,5 toneladas, el 115% para los de entre 3,5 y 16 toneladas y el 75% para los de más de 16 toneladas. Además, mantiene ayudas específicas a la infraestructura de recarga con incentivos de entre 1.700 y 25.000 euros según la potencia y el tipo de instalación.
Alemania combina amortización acelerada para nuevos eléctricos, una exención de diez años para BEV y FCEV matriculados hasta finales de 2030, vigente hasta 2035, y nuevos programas para reforzar la recarga en depósitos. El informe también recoge una línea de 220 millones de euros para desarrollar una primera red de hasta 40 hidrogeneras para vehículos pesados.
Países Bajos figura igualmente entre los mercados más activos. Su programa AanZET destina 156 millones de euros en 2026 a la compra o leasing de vehículos N2 y N3 de cero emisiones de más de 4.250 kilos. Junto a ello, despliega distintas líneas de ayuda para recarga pública y para instalaciones empresariales, una de ellas con un presupuesto de 66 millones de euros.
El caso de Polonia sobresale por la amplitud de su paquete de apoyo: exención del impuesto especial para BEV y FCEV, deducción del 100% del IVA, depreciación total y ayudas de hasta 176.700 euros para vehículos N3. Además, moviliza 471,3 millones de euros para estaciones públicas de recarga de alta potencia para pesados y otros 471,3 millones de euros para reforzar la red eléctrica necesaria para ese despliegue.
A ellos se suman Bélgica, con una deducción adicional del 40% para la compra de BEV y FCEV y su infraestructura asociada, y Luxemburgo, con ayudas de 6.000 euros para nuevas furgonetas eléctricas y coberturas de hasta el 100% del sobrecoste elegible para vehículos pesados de cero emisiones.
En conjunto, el informe muestra que los países que están liderando la transición no solo subvencionan la compra del vehículo, sino que reducen con más fuerza la carga fiscal, cubren parte significativa del sobrecoste y acompañan esa apuesta con programas específicos de infraestructura. En esa comparación, España ha dado pasos, pero todavía se mantiene por detrás del grupo de cabeza europeo.
