El despliegue del transporte pesado eléctrico avanza, pero a un ritmo insuficiente ante los objetivos climáticos comunitarios
La electrificación del transporte pesado en Europa está progresando, pero muy por debajo del ritmo necesario para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea (UE). Según el informe Accelerating ZET Deployment: Complementary Demand-Side Measures to Strong CO₂ Standards, elaborado por el Smart Freight Centre (SFC) con contribuciones de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), solo el 3,6 % de los camiones nuevos vendidos en el primer semestre de 2025 fueron de cero emisiones, frente al 35 % que establece la normativa europea de estándares de CO₂ para 2030.
Un crecimiento insuficiente pese al avance interanual
El estudio pone de manifiesto la gran brecha entre la situación actual y los objetivos climáticos comunitarios. Aunque las matriculaciones de camiones cero emisiones crecieron más de un 50 % interanual en el primer semestre de 2025 —una señal de impulso— este aumento parte de una base muy reducida, lo que implica que el ritmo actual no es suficiente para acercarse a la meta del 35 % en 2030.
Para cumplir los compromisos de la UE, el informe subraya que sería necesario multiplicar por casi diez las ventas actuales de camiones de cero emisiones, alcanzando un volumen acumulado de alrededor de 400 000 unidades de este tipo para el año 2030.
Obstáculos estructurales al despliegue de cero emisiones
Entre los principales desafíos, el informe identifica:
• Desfase entre oferta y demanda:
Mientras que los fabricantes de camiones enfrentan exigentes normas de emisiones, con sanciones si no reducen las emisiones medias de sus flotas —lo que impulsa técnicamente la oferta—, los transportistas y operadores siguen enfrentándose a un coste total de propiedad (TCO) que aún no es competitivo en muchos casos debido a los elevados precios de adquisición, la incertidumbre sobre el valor residual y los costes de energía y recarga.
• Políticas aún fragmentadas:
Aunque la UE cuenta con un marco regulatorio ambicioso, que incluye la regulación de estándares de CO₂, la Directiva Euroviñeta, la Directiva de Energías Renovables (RED III) y el régimen de comercio de emisiones ETS2 —todos con potencial para mejorar el TCO—, su implementación actual es desigual entre Estados miembros. El reporte destaca que, por ejemplo, solo países como Alemania han aplicado plenamente ciertas exenciones de peajes para camiones de cero emisiones, mientras que otros han avanzado de forma parcial o lenta.
Necesidad de infraestructuras y planificación coordinada
El estudio también advierte sobre los retos en materia de infraestructuras de recarga. Si bien la Regulación sobre Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR) —que obliga a desplegar infraestructuras de recarga y repostaje a lo largo de las redes europeas— puede cubrir entre el 50 % y el 70 % de las necesidades de vehículos pesados en 2030, esto resulta insuficiente en países con elevada actividad logística como España, Francia o Italia si no se acompaña de inversiones adicionales.
Además, el informe estima que más del 70 % de la demanda de recarga de camiones se concentrará en solo cuatro Estados miembros de la UE, lo que subraya la necesidad de planificación estratégica ajustada a los corredores de transporte más relevantes.
El papel de la contratación pública y los puntos de inflexión
Una de las palancas más relevantes que menciona el informe es la contratación pública: utilidades como la compra directa de camiones de cero emisiones en flotas públicas podría influir en hasta el 10 % de las matriculaciones en países como Alemania. Por su parte, la contratación indirecta —especialmente en sectores como construcción y obra pública— podría movilizar entre 75 000 y 125 000 vehículos industriales al año en toda Europa, multiplicando por cuatro el impacto de la compra pública directa.
Finalmente, el informe concluye que la electrificación del transporte pesado no será lineal, sino que avanzará por puntos de inflexión clave, como la paridad de costes entre tecnologías y casos de uso concretos —por ejemplo, servicios municipales, puertos, rutas logísticas densas o transporte urbano—. Sin una activación decidida de la demanda y una aplicación coherente de la normativa, Europa corre el riesgo de quedar muy lejos de sus objetivos climáticos, con consecuencias directas en la competitividad del sector y en la seguridad jurídica de las inversiones.
