El último informe de la AEC pone cifras a una herida profunda: España necesita casi 13.500 millones para reparar sus carreteras. El coste del abandono supera, con creces, el de la conservación
La carretera es uno de esos espacios donde el deterioro no se nota hasta que se convierte en amenaza. Como una grieta en la costilla de un país. Como un colapso que empieza con una fisura en el asfalto. El último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), publicado en julio de 2025, ha hecho visible lo que durante años ha sido una erosión silenciosa: España necesita 13.491 millones de euros para devolver su red viaria a condiciones aceptables de seguridad y funcionalidad.
Esa cifra no es una hipótesis. Es un cálculo técnico basado en inspecciones visuales directas de más de 3.000 tramos, en todos los tipos de vía y en todas las comunidades autónomas. No responde a alarmismo mediático ni a proyecciones ideológicas: es la factura de años de negligencia presupuestaria. De mirar hacia otro lado mientras el firme se agrietaba, mientras las señales se oxidaban y las barreras de contención se convertían en meros adornos sin eficacia.
Un presupuesto descompensado
Para entender la magnitud del agujero, basta con comparar: el Presupuesto General del Estado de 2025 contempla unos 2.000 millones de euros anuales para conservación de carreteras. Es decir, la inversión necesaria según la AEC equivale a casi siete años completos del esfuerzo presupuestario actual. Y eso, sin contar las vías autonómicas y provinciales, donde el deterioro es aún más acusado y la información más fragmentaria.
No se trata solo de una cuestión económica. Es, ante todo, una cuestión de tiempo. Porque cada año que se pospone una intervención de mantenimiento, el coste de esa reparación se multiplica. Un bache sin sellar puede ser una simple molestia hoy, pero mañana será una deformación estructural. Y pasado mañana, un punto negro.
El informe señala que más de 54.000 kilómetros de carreteras requieren intervención inmediata o prioritaria, 33.966 de ellos en menos de un año. Pero lo más revelador es lo que no se mide en kilómetros: el coste indirecto del abandono. Según estimaciones de la DGT y la Comisión Europea, la siniestralidad vial provocada o agravada por el mal estado de la vía genera un impacto económico de más de 3.000 millones de euros anuales en España, entre atención sanitaria, pérdidas humanas, daños materiales y productividad perdida.
Esa cifra no incluye los costes emocionales. Ni la desconfianza de quien evita ciertas rutas. Ni la parálisis rural de quien ve su pueblo aislado por una calzada intransitable.
Lo que revela el informe de la AEC —sin estridencias, con precisión técnica— es que el deterioro acumulado no es el resultado de una crisis puntual, sino de una política de desgaste estructural. No se ha tratado solo de falta de recursos, sino de falta de voluntad de priorizar. En lugar de una conservación planificada, hemos optado por una lógica reactiva, de emergencia tras emergencia.
En este contexto, los 13.491 millones no son una propuesta: son una deuda. Una que no solo se mide en euros, sino en vidas que podrían haberse salvado, en accidentes evitables, en confianza pública quebrada.
Porque si algo nos recuerda este informe, es que el mantenimiento de la infraestructura no es un gasto superfluo, ni una partida secundaria. Es una inversión básica en seguridad, movilidad y cohesión territorial. Y como todas las inversiones importantes, cuesta más cuando se deja para mañana.
