Las patronales Fecavem, UPM y Fomento exigen la exención del impuesto de CO2 en Cataluña

A través de una carta conjunta al consejero de Territorio y Sostenibilidad han detallado los motivos de esta demanda para hacer frente a la crisis económica. 

Fecavem, UPM y Fomento han pedido a la Generalitat de Cataluña que ciudadanos y empresas catalanas titulares de vehículos no tengan que pagar el nuevo Impuesto de Emisiones de CO2. Este impuesto no afecta a ninguna otra comunidad autónoma española y gravará a los titulares de vehículos de tracción mecánica. 

Mediante una carta que las anteriores tres patronales han hecho llegar al Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, han expuesto la necesidad de dejar sin efecto hasta finalizar la pandemia este impuesto. Afirman que como mínimo habría que paralizarlo hasta 2023. «No es el momento de incrementar la presión fiscal en plena crisis de la COVID-19». 

El motivo fundamental al que se acogen Fecavem, UPM y Fomento es que este nuevo ejercicio de 2021 no ha comenzado con buenos escenarios. Ni a corto ni a medio plazo. Explican que la recaudación que genera el nuevo impuesto no compensa el esfuerzo de los contribuyentes. A efectos recaudatorios, este nuevo impuesto no aporta una contribución significativa a las arcas de la Generalitat. 

La automoción, comprometida en el objetivo de abordar el cambio climático

Por otro lado, el sector ha manifestado su compromiso para frenar el cambio climático. Ha reclamado políticas verdes que aceleren la transformación de la automoción hacia las bajas emisiones o cero; teniendo en cuenta a una de las ramas generadoras de actividad, exportación y ocupación como es la automoción. 

Con la anterior emisiva, las patronales han pedido “equilibrio” y tener “un orden de prioridades” para salir adelante. También han criticado que hasta el mes de mayo, la ciudadanía y las empresas no dispondrán del censo para saber este nuevo coste al que tendrán que hacer frente. Lo que genera una situación de incertidumbre y desconcierto. 

Desde las tres patronales, calculan que estos impuestos pueden llegar alrededor de los 200 euros. Por último, exigen estudiar la peculiaridad de cada caso y tener en cuenta la antigüedad de los vehículos a la hora de gravar el impuesto.

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